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La concejala de IU-Verdes, Gloria Martín, remitirá una queja al Defensor del Pueblo para hacer valer el derecho de los damnificados a acceder y a obtener copia de los documentos en los procedimientos que tienen la condición de interesados

 

10/11/17.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado que el Consorcio de Compensación de Seguros está desestimando las peticiones de los afectados para acceder a la información de las indemnizaciones que les fueron concedidas. El Consorcio basa su desestimación en que es una “Entidad Pública Empresarial de las previstas en el artículo 43.1.b de la Ley 6/1997”, que se rige por un régimen jurídico específico al que no resulta de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y que, por tanto, “no queda sometido al régimen de publicidad dispuesto en la misma”.

 

Sin embargo, la norma por la que el Consorcio se define en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de su Estatuto Legal, está derogada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se aplica a cualquier organismo o entidad de derecho público vinculada a las Administraciones Públicas.

 

Martín ha mostrado su sorpresa porque, además, que en la contestación dada por el Consorcio a los afectados, se afirme que su actividad jurídica no está sometida a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En ese sentido, recordó que la petición formulada por los afectados  está relacionada con el ejercicio de su derecho a “acceder y a obtener copia de los documentos” en los procedimientos que tengan la condición de interesados (Art. 53.1.a de la Ley 39/2015), que “resulta de plena aplicación al sector público institucional”.

 

La edil de IU-Verdes recordó también que la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dispone en su artículo 12 “el derecho de todas las personas al acceso a la información pública”, entendiendo como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación. Al respecto, Martín aseguró que dicha ley también es de aplicación a las entidades públicas empresariales (art. 2), como el Consorcio de Compensación de Seguros.

 

Martín se preguntó hasta dónde se pretende elevar el nivel de indefensión de los afectados por la devolución de las ayudas, vecinos “a los que se está negando el derecho a obtener la información necesaria para realizar las alegaciones que consideren oportunas en defensa de sus intereses”. “¿Cuántos obstáculos, trabas e impedimentos más se les va a poner a los afectados?”, se lamentó.

 

La edil de IU-Verdes aseguró que a los damnificados “sólo les comunicaron las resoluciones de las ayudas e indemnizaciones, pero no se indicaron conceptos, ni porcentajes; no se les dijo, esta cantidad debe ser para esto, y esta para esto otro...”. Tampoco se les proporcionaron los informes técnicos de las inspecciones efectuadas en sus viviendas y ahora, para colmo, tampoco se les facilita información del Consorcio para poder determinar si las indemnizaciones se concedieron exclusivamente para reparación de sus viviendas o también para reposición de enseres, en cuyo caso la CARM no tendría derecho a reclamar esa parte.

 

Por todo ello, Martín ha anunciado que remitirá una queja al Defensor del Pueblo para que los afectados puedan obtener “la información que necesitan y a la que tienen derecho”.

 

 

La concejala de esta formación, Gloria Martín, ha informado que representantes de la Comunidad de Regantes Campo Alto han asistido –por invitación de esta formación– a un encuentro impulsado por la eurodiputada Paloma López, que también contó con la presencia de Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Unión Europea

 

10/11/17.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha informado que representantes de la Comunidad de Regantes Campo Alto han participado –por invitación de esta formación– a un encuentro celebrado esta semana en Bruselas e impulsado por la eurodiputada de IU, Paloma López.

Junto a una veintena de cargos públicos, representantes de organizaciones ecologistas y plataformas sociales, los dirigentes de la comunidad de regantes que engloba a las pedanías altas de Lorca, han analizado la situación de la gestión de los recursos hídricos en el Estado español y han elaborado un informe con recomendaciones y denuncias que será trasladado a la Dirección General de Medioambiente de la Comisión Europea, en un momento clave puesto que se está abordando la reforma de la Directiva Marco del Agua.

Las jornadas, que se han desarrollado a lo largo de dos días, han contado también con la presencia de Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Unión Europea. Calleja, que explicó la reforma de la Directiva, se comprometió a hacer un seguimiento específico tras escuchar las demandas sobre problemáticas como el desgaste de la cuenca hidrográfica del Segura, o la incompatibilidad de la Política Agrícola Común (PAC) con la propia Directiva Marco.

Al respecto, Martín aseguró que los vecinos de las Tierras Altas de Lorca se encuentran en riesgo de convertirse en los primeros desplazados climáticos de la Región de Murcia: personas que, por la escasez de agua, tienen que huir de sus territorios. Un déficit hídrico que amenaza con campos perdidos y pueblos prácticamente fantasmas. De hecho, las pedanías del norte de Lorca “ya han perdido una media del 11% de su población solo en los últimos cinco años”, recordó Martín.

Por ello, vecinos y expertos, reclaman un cambio en las leyes que ampare a las personas y contemple el “hábitat” como parte de los derechos básicos de la persona. Para la edil de IU-Verdes es “urgente” la implantación de modelos de desarrollo acordes a cada ecosistema. En ese sentido, denunció que el Ayuntamiento de Lorca lleva “más de un año de retraso” en la creación de una Agencia de Desarrollo Local que ponga freno al grave proceso de despoblación y empobrecimiento que sufre esta comarca natural. Una iniciativa que, a instancias de IU, fue aprobada, por unanimidad, en el Pleno Municipal de octubre de 2016, y que el equipo de Gobierno local del PP “tiene paralizada”.

Para Martín, “las consecuencias de la sequía galopante que parecemos están siendo ya catastróficas” por lo que “no podemos seguir fiando el futuro de nuestro municipio, y concretamente el de sus pedanías a rogativas a la virgen para que llueva”. Por ello pidió “actuar con responsabilidad e inteligencia para prever el modo en que los habitantes de la Lorca rural van a poder sobrevivir, a la vuelta de una década, al cambio climático”.

 
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