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Ante los rumores de que se vuelva a sacar a contratación el servicio público de autobuses, Sosa afirma que va en contra del pacto de gobierno firmado con el PSOE. También denuncia la pretensión de dejar a los trabajadores de este servicio sin vacaciones durante el periodo estival

01.07.19. Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca, ha denunciado esta mañana la situación en la que se encuentran los trabajadores del servicio público de transporte de Lorca, a los que se pretende dejar sin vacaciones estivales, y también ha anunciado su firme oposición a la privatización del servicio en el futuro.

El transporte de autobuses en Lorca pasó a ser remunicipalizado el pasado año y se han modificado los estatutos de la empresa municipal de Limusa para que se haga cargo del mismo, pero ya se oyen rumores de que se pretende sacar a contratación la prestación del mismo.

Ante estos rumores, Sosa ha afirmado que desde IU se dio el apoyo al actual Alcalde, el Sr. Mateos, para gestionar lo público, no para venderlo, como hicieron ya en el pasado con otras empresas municipales como Aguas de Lorca o el servicio de parques y jardines, tal como se recogió en el pacto de investidura que firmaron ambos partidos, por lo que de ser cierta tal pretensión, ya se pueden ir olvidando de contar con su apoyo.

También ha reprochado al equipo de gobierno, su pretensión de dejar a los trabajadores de este servicio sin el mes de vacaciones que les corresponde por ley, aunque se lo paguen doble, según le han informado algunos de ellos. Según Sosa, no se puede actuar de una manera tan torticera desde una Administración, vulnerando los derechos elementales de los trabajadores y estando expuestos a una sanción desde la Inspección de Trabajo, por lo que insta al Sr Mateos a replantearse esta decisión de ser cierta. “Si hay que contratar más trabajadores durante el verano, que se haga, pero hemos dado el apoyo a este equipo de gobierno para que se respete a los trabajadores y a los servicios públicos, no para lo contrario”, ha afirmado Sosa.

 

La concejala de esta formación, Gloria Martín, ha pedido que se revisen todos los actos administrativos que fueron publicados en el BOE por no ser posible la notificación a los interesados ya que han comprobado que en varios expedientes no se ha respetado el procedimiento legalmente establecido

01.07.19.- La concejala de IU-Verdes Lorca, Gloria Martín, ha detectado una nueva irregularidad en el procedimiento administrativo de reintegro de las ayudas de reparación por los terremotos de 2011. Está relacionado con un trámite de audiencia que para la Comunidad Autónoma interrumpe el plazo de prescripción y que, según la edil, debe ser anulado ya que no ha sido debidamente notificado a los afectados.

Martín ha explicado que el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (vigente en el momento en que se confirió el trámite de audiencia) establecía que, cuando una notificación no puede ser entregada al interesado, “esta circunstancia se hará constar en el expediente junto con el día y la hora en que se intentó la notificación”, que debe realizarse dos veces y en horas distintas dentro de un plazo de tres días.

Sin embargo, Martín ha mostrado un expediente en el que sólo aparece un certificado del Ayuntamiento basado en un informe del coordinador de la Oficina Única de Reconstrucción de Lorca en el que se explica que, a fin de notificar los trámites de audiencia de la CARM, se efectuaron “llamadas telefónicas” y, al no poder contactar con los afectados, se enviaron notificadores municipales a los domicilios, sin que tampoco fuera posible contactar con los interesados. “En el expediente no constan los días ni las horas de los intentos de notificación, ni la identificación del funcionario que las realizó, ni nada que determine si efectivamente se realizaron y si se hizo de forma correcta”, dijo Martín. El certificado da por bueno, sin más, el informe de la oficina del terremoto e insta a la CARM a proceder a la notificación a los interesados “a través del Boletín Oficial de la Región de Murcia”. Para la edil de IU-Verdes este supuesto intento de notificación del trámite de audiencia no cumple con los requisitos establecidos por la normativa que los regula, lo que es causa de nulidad y, por tanto, no produce efectos ni puede interrumpir los plazos de prescripción.

Martín recordó que la notificación administrativa es una actuación principal en el procedimiento administrativo que garantiza la eficacia del acto administrativo, con incidencia incluso sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de los interesados, como ha declarado de forma constante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por ello, Martín ha exigido que se revisen todas las notificaciones que fueron publicadas en el BOE al efecto de comprobar que se ha respetado el procedimiento legalmente establecido.

Por otra parte, la concejala de Izquierda Unida-Verdes ha informado que el próximo 24 de julio termina el plazo para que los afectados puedan acogerse a la Ley 8/2018 que establece un procedimiento simplificado de justificación de las ayudas mediante la presentación de una memoria y una relación clasificada de los gastos e inversiones en que incurrieron para reparar sus viviendas.

Martín ha mostrado su preocupación porque muchos afectados aún no saben que pueden acogerse a esta ley. En ese sentido, ha recordado que el artículo 2 de la Ley 8/2018 establece que es la consejería de Fomento la responsable de revisar los expedientes y de requerir a los perceptores de la subvención la presentación de la cuenta justificativa. Sin embargo, la concejala de IU-Verdes ha asegurado que desde Fomento “no se ha mandado una triste carta a nadie informando de esta vía de justificación”.

Por último, Martín ha exigido que las comunidades de vecinos puedan acogerse también a esta norma. Al respecto, explicó que el artículo 4.1 del Decreto 68/2011 establece que los beneficiarios de las ayudas eran tanto personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de propietarios, usufructuarios de la vivienda siniestrada, arrendatarios con contrato, “como las comunidades de propietarios, cuando se trate de la reparación de elementos comunes de edificios de viviendas”. Por ello, ha mostrado su contrariedad porque en la oficina del terremoto estén echando para atrás estas solicitudes y ha exigido que sean también tramitadas.

Martín ha pedido a las comunidades de vecinos que están pendientes de justificar las ayudas de reparación que se acojan a esta ley antes del 24 de julio porque “una vez cerrado el plazo ya no podrán hacerlo”. Pero sobre todo, ha exigido a Fomento que cumpla con la norma y lo notifique inmediatamente a los afectados.

 
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