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IU-V ha pedido una reunión extraordinaria y urgente a la concejalía del terremoto para dar una solución a estos ciudadanos a quienes se piden justificaciones 5 años después de recibida la ayuda

La Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Región de Murcia, a través de su Servicio de Inspecciones y Sanciones, está remitiendo cartas a muchos ciudadanos de Lorca que hace cinco años fueron beneficiarios de ayudas concedidas por la Comunidad Autónoma para la reparación de sus viviendas.

Esta mañana el Portavoz del Grupo Municipal de IU-Verdes, Pedro Sosa, comparecía ante los medios de comunicación para analizar este asunto y exigir la implicación del Ayuntamiento ante un tema que preocupa a centenares de familias en Lorca.

Aunque la casuística es muy amplia, sostiene el concejal de IU-V, se trata fundamentalmente de personas que o no disponían de seguro privado en su vivienda, o tenían un infraseguro, o sólo recibieron una pequeña cantidad en concepto de indemnización del Consorcio de Compensación por el seguro de su comunidad de vecinos.

Quienes estaban en esa situación demandaron ayudas a la Comunidad Autónoma, y ésta, cinco años después, les exige no sólo que aporten facturas y justifiquen los pagos realizados a través de la ayuda (o subvención de la CARM), lo que en muchos casos ya han hecho, sino que también hagan otro tanto con relación a las indemnizaciones del consorcio de compensación de seguros.

Según Sosa, desde el primer momento se afirmó que las indemnizaciones del Consorcio, en tanto que traían causa del pago de un seguro privado, no tendrían que ser justificadas ante ningún organismo público, pero ahora el gobierno regional las está exigiendo en los supuestos apuntados. Lo hace además, en algunos casos, cuando sus técnicos han girado visitas a las viviendas reparadas hasta en dos ocasiones: para comprobar los daños en un primer momento, y para comprobar la efectiva realización de las obras pasado el tiempo.

El concejal de IU-V afirma que en algunos casos se exige justificación de varios miles de euros a personas que ya no disponen, cinco años después, de ninguna factura y mucho menos de justificantes de pago, por lo que, de no adoptar urgentemente una solución política, muchas familias de Lorca se verán obligadas a devolver las ayudas.

Pedro Sosa reprocha a las administraciones públicas que tras los terremotos, y con dos importantes procesos electorales por delante, las municipales y las generales del año 2011, los gobernantes estableciesen un sistema de ayudas urgentes sin ningún tipo de control ni planificación, mandando cartas firmadas por políticos a los damnificados concediendo graciosamente subvenciones a todo el mundo y no estableciendo con claridad y precisión los mecanismos de control y supervisión posteriores, ni cómo resolver el solapamiento de las ayudas del gobierno con las indemnizaciones del consorcio. Ahora,  cinco años después, sostiene el concejal, cuando no hay elecciones a la vista, y cuando está a punto de prescribir el plazo que la administración tiene para exigir a los ciudadanos el reintegro de ingresos indebidos, las cartas reclamando las devoluciones ya no las firman y mandan los políticos, sino los funcionarios.

Así las cosas, el Concejal de IU-V planteó hace ya medio mes a la Concejala del gobierno local del PP competente en estos asuntos, que se realizase una reunión urgente para estudiar este tema y dar una solución a estos ciudadanos. Sosa afirma que la concejala Saturnina Martínez le mostró su preocupación por estas cartas, pero pasan los días, se agotan los plazos para que los afectados presenten sus oportunos recursos y el gobierno local del PP no mueve un papel y deja colgados a decenas, cuando no centenares de lorquinos que van a tener muy difícil poder devolver lo que cinco años después les exigen que justifiquen.


Actualizado (Martes, 04 de Julio de 2017 11:20)

 

 

Si vuelven los barracones a los centros de educación pública del barrio exigiremos la dimisión del Concejal de Educación

La moción reclama también de la Consejería de Educación de la CARM los recursos humanos y materiales necesarios para realizar los desdobles y ampliaciones de líneas con las debidas garantías en los distintos colegios, pudiendo así disminuir las ratios

La concejal de IU-Verdes, Adoración Peñas, defenderá este próximo viernes en el Pleno del Ayuntamiento una moción con la pretende que el gobierno local, y concretamente la Concejalía de Educación, reclame de la Consejería de Educación de la CARM, que es la que tiene las competencias para ello, que se atiendan con urgencia las necesidades educativas de Lorca que más preocupan en las distintas comunidades educativas de nuestro municipio.

En materia educativa hay que anticiparse siempre, manejar todas las variables y planificar con rigor, y no atajar los problemas con soluciones provisionales y a salto de mata al inicio de cada curso escolar. Para eso, fundamentalmente, debería estar pensada la Concejalía de Educación, afirma Adoración Peñas, y si ese papel no se realiza con eficacia y eficiencia, lo mejor es dejar paso a otras personas que sepan hacerlo mejor.

De un lado, la primera exigencia que debería abanderar el Concejal de Educación es la de la construcción de nuevos centros escolares allí donde sean precisos, sin que en ningún caso se acepte la sustitución de los mismos por el “embutido” artificial en los colegios de barracones prefabricados. Peñas señala que no nos vale el argumento, que la experiencia nos ha enseñado muchas veces falso, de que son instalaciones provisionales. Hay zonas de Lorca, y una de ellas es toda la margen izquierda de la ciudad (barrios de San Cristóbal, San Diego, Los Ángeles y Apolonia) que necesitan un nuevo centro escolar por el crecimiento de su población y para evitar el hacinamiento en las aulas.

Los colegios de estos barrios, abunda la concejala de IU-V, ya de por sí acogen un porcentaje elevadísimo (de entre el 80 y el 95% de inmigrantes por aula en el colegio de San Cristóbal) que dificulta el desarrollo educativo de las clases por el desconocimiento del idioma en muchas ocasiones, y la dificultad del profesorado para manejar a un alumnado de muchas y muy diversas nacionalidades y culturas, sin que la administración educativa disponga para esos centros los necesarios refuerzos que tal situación exige. Una situación que no se ha visto modificada, sostiene la concejal, con la instauración del distrito único, ya que se da la circunstancia de que alumnos de procedencia inmigrante residentes en el barrio de La Viña están matriculados en San Cristóbal.

De otro lado, y muy relacionado con lo anterior, la concejal de IU-V afirma que dado que en el próximo curso está prevista la ampliación de líneas en diez colegios de infantil y primaria del municipio, y en tanto que no tenemos ninguna garantía de que se haga con los recursos y apoyos que necesariamente deben ir en consonancia a esa ampliación de líneas, el Ayuntamiento debe exigir a la Consejería de Educación de la CARM los recursos humanos y materiales necesarios para realizar los desdobles y ampliaciones de líneas con las debidas garantías en los distintos colegios, pudiendo así disminuir las ratios.

Por último, en la moción de IU-V también se incluye un acuerdo dirigido a que el gobierno local facilite la inclusión de agentes sociales y políticos en el Consejo Escolar Municipal. Se trataría de una medida de fomento de la participación ciudadana con el fin de poder aportar soluciones más plurales en el análisis de los datos de escolarización, en las causas y las soluciones del absentismo y el fracaso escolar, en las ratios de alumnado por aula o en las soluciones para evitar aulas prefabricadas en nuestros centros, entre otras cuestiones.

 
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