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Vecinos de las zonas afectadas se quejan de la inacción de la administración y de la falta de información de los proyectos contemplados para paliar los efectos de futuras inundaciones como la de 2012. También han denunciado el vertido de toneladas de lodo en el Camino de Cabalgadores y otro de amianto tras un incendio de una nave junto al cementerio

06.02.18. Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca, se ha hecho eco hoy de varias demandas y denuncias que le han trasladado los vecinos de Torrecilla y Campillo.

La primera y más urgente según le manifestaron en una reunión que mantuvo con ellos la pasada semana, es su honda preocupación porque de las medidas que les anunciaron tras la aciaga inundación de 2012 que costó la vida a cinco personas, como la construcción de presas de laminación de avenidas en las cabeceras de las ramblas y de canales artificiales que desahogasen el agua procedente de la Rambla de Béjar, no sólo no se han llevado a cabo, sino que desde Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tampoco se les da información al respecto.

Ante esta falta de información, Sosa ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción consensuada con los vecinos para conocer en qué fase se encuentran todos estos proyectos y para la constitución de un órgano que los tenga periódicamente informados al respecto.

Sosa ha culpado directamente a la CHS como la gran culpable de los daños que produjo dicha riada, pues durante muchos años no hizo nada contra todas las acciones ilegales cometidas en los cauces de las ramblas que han alterado el discurrir natural de las avenidas de agua.

Otra denuncia que le han trasladado los vecinos ha sido el vertido de toneladas de lodo y plásticos procedentes de una balsa al Camino de Cabalgadores, realizado según ellos por un concejal del PP de Puerto Lumbreras y que ha ocupado cientos de metros de dicho camino convirtiéndolo en un vertedero, lo que a juicio de Sosa, es una acto criminal y auténtica vergüenza, tanto el acto en sí, como la ocultación del edil de Lorca Ángel Meca, que sabiendo de su existencia no ha realizado ninguna denuncia al respecto, por lo que ha pedido la dimisión de ambos.

Otra de las inquietudes de los vecinos es cómo les afectará el futuro trazado del AVE por sus pedanías, por lo que el edil de izquierdas ha manifestado que organizarán una jornada el 22 de febrero para tratar éste y otros detalles de su llegada a Lorca.

Por último, Sosa ha alertado de que tras el incendio de una nave situada en las proximidades del cementerio de Lorca, cuyo techo era de uralita, gran cantidad de restos de amianto han quedado dispersados por la zona, por lo que ha puesto en conocimiento de Urbanismo y del SEPRONA para que tomen medidas de descontaminación, ya que en sus aledaños se encuentran, además de muchas viviendas, el Hospital, el colegio de La Torrecilla y las pistas deportivas.

Actualizado (Martes, 06 de Febrero de 2018 13:30)

 

La concejala de esta formación, Gloria Martín, alertó que la fusión de Bankia y el banco Mare Nostrum incrementa el cierre de oficinas en el municipio

05.02.18.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado nuevamente las dificultades de acceso de los vecinos de barrios y diputaciones a los servicios bancarios por el cierre masivo de sucursales. En La Viña, con más de 4.600 vecinos, pervive una única oficina (CajaMar) con un único cajero automático en el que habitualmente se producen largas colas. La situación es mucho peor en el Barrio de San Cristóbal y su área de influencia, donde sus más de 13.000 habitantes sólo cuentan con una oficina del Banco Sabadell (C/Mayor) y otra de Caja Murcia (Avenida de Europa). Numerosas pedanías no cuentan en estos momentos con ninguna sucursal, lo que supone un perjuicio evidente a miles de personas, especialmente gravoso para los ciudadanos del medio rural que presentan problemas de movilidad derivados de la edad o la enfermedad.

Según Martín, la red de sucursales de las entidades bancarias no ha parado de descender en los últimos años, con cierres constantes que dejan sin un servicio esencial cercano a miles de clientes. “En territorios tan complejos como Lorca, con treinta y nueve pedanías y una configuración urbana lineal con barrios distantes de la ciudad, los efectos se multiplican”, aseguró.

Incluso cuando, frente el cierre de una sucursal, existe alternativa de poder cambiar por otro banco con sucursales próximas al cliente, en muchos casos los afectados tienen que enfrentarse a penalizaciones. Es el caso de miles de  usuarios con hipotecas que reciben bonificaciones por mantener las tarjetas de crédito y la nómina en la cuenta vinculada al préstamo, y que pueden perder esas bonificaciones si cambian de entidad.

Esta situación, una constante durante la crisis económica, se complica  ahora, con la fusión de Bankia con el BMN, lo que incrementará su incidencia negativa en las pedanías y barrios de Lorca.

Al respecto, IU-V recordó que los propios responsables de Bankia informaban semanas atrás que la fusión con el BNM implicará el cierre de nada menos que 99 oficinas a lo largo de 2018.  Por su parte, el BMN informa que entre diciembre de 2017 y enero de 2018 han cerrado 47 oficinas, 25 en diciembre y 22 en enero, respectivamente.

Ahora con la fusión entre las dos entidades de crédito, los problemas se multiplican para todos: “Pierden las pedanías y los barrios de Lorca y de muchas otras poblaciones de la Región de Murcia, porque miles de ciudadanos tendrán que desplazarse, con el coste en tiempo y dinero que ello implica, para realizar gestiones bancarias absolutamente imprescindibles en una sociedad como la actual”, dijo Martín. Además, “pierden los trabajadores que son obligados a irse con un expediente de regulación de empleo (nada menos que 2.500) y los que se quedan, que serán objeto de homologación salarial a la baja mientras, como siempre, la banca gana”.

Martín aludió también a la necesidad cada vez más acuciante de contar con una banca pública y de denunciar la política del Banco Central Europeo de préstamos a coste cero a la banca privada a la que después tienen que acudir los estados y administraciones a pedir préstamos con intereses.

Por todo ello, la edil de IU-Verdes pidió “accionar el poder del Ayuntamiento de Lorca”, como cliente preferente de las entidades bancarias, y como actor que cada mes ingresa las nóminas de centenares de trabajadores.

 

“El gobierno local tiene que anticiparse y ver cómo quedará el mapa de las sucursales bancarias en Lorca tras la fusión, para ver en qué medida se pueden minimizar los efectos en barrios y pedanías de Lorca”, concluyó.

 
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