IU PIDE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA AUTONOMÍA MURCIANA POR HACER DEJACIÓN DE SUS COMPETENCIAS EN LA PROTECCIÓN DE COPE-CALNEGRE

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IU exige apoyo del Ayuntamiento a los afectados por la devolución de las ayudas que irán a los tribunales

  La concejala de esta formación, Gloria Martín, aseguró que las presiones y el trabajo constante...

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La concejala de esta formación, Gloria Martín, aseguró que las presiones y el trabajo constante de la plataforma ciudadana que coordina, han conseguido que se solucionen más de 3.000 casos para los que se encontró una salida a través de la Ley 8/2018, aprobada ex profeso para simplificar los trámites de justificación de las ayudas. Sin embargo, ha asegurado que "no nos damos por satisfechos y vamos a pelear por el resto, porque creemos que les asisten la razón y la ley"

11.04.19 La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha lamentado que los asesores jurídicos de la Consejería de Fomento se nieguen a interpretar las normas según el criterio más favorable para los administrados, lo que constituye un principio del Derecho. Así se lo han hecho saber en una reunión con "jurídicos" de la CARM a la que ha asistido esta tarde en representación de la Plataforma de afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos de 2011. Martín defendía la causa de los damnificados que en 2015 recibieron un trámite de audiencia que la CARM considera que ha interrumpido el plazo de cuatro años que tenía para exigir la devolución de unas subvenciones otorgadas entre 2011 y 2012, empezando a contar desde cero.

A los afectados se les dio sólo diez días para presentar alegaciones a ese trámite de audiencia que luego fueron metidas en un cajón durante más de dos años. Para Martín se trató de una "artimaña" para propiciar la interrupción de la prescripción a sabiendas de que los procedimientos de reintegro de las ayudas no se iniciarían hasta 2017, porque 2015 y 2016 fueron años electorales y haber pedido la devolución de las ayudas a los afectados en aquella época habría tenido un gran coste electoral para el PP en Lorca.

Martín ha explicado que, por analogía, pueden aplicarse normas que establecen que las Administraciones tienen un plazo de un mes para iniciar un procedimiento de reintegro de una subvención desde que el órgano competente recibe el informe pertinente, que en este caso emitió la Comisión Mixta y que se puso en conocimiento de los interesados a través del mencionado trámite de audiencia. Para IU, esa notificación "está invalidada" por la extraordinaria demora de la burocracia para iniciar un procedimiento que debería haber sido inmediato.

Mientras tanto, los intereses de demora siguieron corriendo y generando un beneficio para la CARM y el Estado, cofinanciadores de las ayudas, que ahora se reembolsarán las cantidades inicialmente concedidas más un 40% en concepto de recargos e intereses de demora.

La concejala de IU aseguró que las presiones y el trabajo constante de la plataforma ciudadana que coordina, han conseguido que se solucionen más de 3.000 casos para los que se encontró una salida a través de la Ley 8/2018, aprobada ex profeso para simplificar los trámites de justificación de las ayudas. Sin embargo, ha asegurado que "no nos damos por satisfechos y vamos a pelear por el resto, porque creemos que les asisten la razón y la ley".

Por ello, ha anunciado que mañana mismo piensa tomar la palabra del Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, quien esta tarde se ha comprometido a que el Ayuntamiento, mediante un convenio con el Colegio de Abogados de Lorca, se haga cargo de la representación legal de los afectados que deseen defender sus derechos en los tribunales.

"Si un juez nos da la razón exigiremos que la sentencia se aplique al resto de casos. Si no lo hace, la Administración regional estará prevaricando porque no puede dictar una resolución arbitraria en un asunto a sabiendas de que es injusta y contraria la ley". En ese caso, lo pondríamos en conocimiento de la Fiscalía y que investigue todo lo que haya que investigar, concluyó.

 

Actualizado (Viernes, 12 de Abril de 2019 08:12)

 

 

La concejala de esta formación, Gloria Martín, aseguró que es responsabilidad del Ayuntamiento propiciar acuerdos para compatibilizar los usos residenciales y ganaderos del suelo en el municipio, por lo que lamentó que vaya a concluir el mandato corporativo sin que se haya avanzado “ni un milímetro” para solucionar el problema de los vecinos que viven pegados a explotaciones de hasta 2.000 cabezas de ganado, balsas de purines y fosas de cadáveres

08.04.19.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha exigido que el equipo de Gobierno municipal del PP cumpla el acuerdo de Pleno sobre la reactivación de la Mesa para la conciliación de la huerta, aprobado en mayo de 2018, hace casi un año.

Martín recordó que tras las presiones ejercidas por Izquierda Unida y por la plataforma ciudadana ‘Stop cebaderos junto a las casas’, el Ayuntamiento puso en marcha en junio de 2016 la Comisión de Conciliación de la Huerta, que se frustró después de que el PP propusiera la aprobación de una ordenanza municipal que aumentaba únicamente de 5 a 15 metros la distancia entre viviendas y macro explotaciones porcinas.

Gracias a otra moción aprobada el 29 de octubre de 2018 en el máximo órgano de representación política del Ayuntamiento, se puso en marcha otra comisión, esta vez para abordar esta problemática circunscrita a las Tierras Altas de Lorca. Tras reunirse en dos únicas ocasiones, esta mesa quedó suspendida hasta la celebración a principios de febrero del Fórum ganadero regional porcino. Sin embargo, “han pasado dos meses y el PP no ha tenido tiempo de volver a convocar a sus representantes”.

La edil de IU aseguró que es “responsabilidad del Ayuntamiento” propiciar acuerdos para compatibilizar los usos residenciales y ganaderos del suelo en el municipio, por lo que lamentó que vaya a concluir el mandato corporativo sin que se haya avanzado “ni un milímetro” para solucionar el problema de los vecinos que viven pegados a explotaciones de hasta 2.000 cabezas de ganado, balsas de purines y fosas de cadáveres.

Gloria Martín explicó que este es un drama que afecta a vecinos de Tercia, Campillo, La Hoya o Pozo Higuera-La Campana, y supone una “amenaza” en otras partes del territorio. De hecho, en los últimos meses se han intensificado las autorizaciones de la Dirección General de Medio Ambiente para los proyectos de ampliación de granjas de ganado porcino de cebo. Sólo en Almendricos la cabaña ganadera se ha incrementado en 15.000 cabezas desde 2017. Los vecinos de Ortillo también están en pie de guerra por las pretensiones de construir una nueva granja porcina con capacidad para otras 15.000. Y a ellas hay que sumar 4.000 más en Hinojar

“En Lorca hay seis veces más cerdos que personas”, dijo Martín. Concretamente, 600.000 animales frente a una población de 92.000 habitantes. Un modelo industrial que plantea “graves problemas en el medio ambiente y la salud de las personas, además de someter a muchos trabajadores a condiciones de explotación laboral”, dijo Martín. Por ello, lamentó “la falta de voluntad política” del equipo de Gobierno municipal para consensuar una ordenación del territorio “racional” a través de instrumentos de planeamiento que deben servir para “compatibilizar la actividad de la industria ganadera con el derecho constitucional de las personas a la salud y a un medio ambiente adecuado”.

“Al PP se le ha ido esta situación de las manos. Están absolutamente descontrolados y han convertido el Ayuntamiento en una sucursal para atender únicamente al interés de los magnates del porcino en Lorca sin importarle las consecuencias sanitarias y medioambientales que esto va a acarrear para el municipio”, dijo Martín quien explicó que “la apuesta de IU es una modificación del Plan General que limite el impacto de este tipo de explotaciones como ya están haciendo otros muchos municipios”.

 
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