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Las obras permanecerán en suspenso hasta que no se resuelva el recurso de otra de las empresas que licitó en ellas

 

11.04.18. Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca, ha denunciado esta mañana que la baja temeraria por parte de la UTE ARPO- MIGUEL BLÁZQUEZ en la adjudicación de las obras de urbanización de San Fernando, provocará un parón en las obras de dicho barrio hasta que se resuelva el recurso interpuesto por PROBISA, otra de las empresas que se presentó al concurso de esas obras.

 

Pedro Sosa ha relatado que al solicitar información en Contratación sobre dicha adjudicación, ha podido constatar que los precios por hora trabajada de los obreros que recoge la UTE ARPO para las obras de San Fernando, están por debajo del salario que recoge el convenio colectivo de la construcción. Por ejemplo, en el caso de los oficiales de primera el convenio estipula que han de cobrar la hora a 11.01 €, mientras que en la adjudicación de esta UTE figura a 10.52 €. Además, tampoco se incluyó en la adjudicación el 6 % de los costes indirectos, que es obligatorio.

 

Para Sosa, “es extremadamente grave que se den obras a empresas que <<roban>> a los trabajadores, mientras que el Ayuntamiento mira hacia otro lado”. Al haber solicitado explicaciones a la mesa de contratación, en presencia del concejal responsable, Javier Pelegrín, se le reconoció a Sosa que dicha adjudicación ya venía supervisada desde la Comunidad Autónoma, para sorpresa del edil, que no entiende que la supervisión de las obras que debería llevar a cabo la Administración local, se haga desde otro organismo. Esto muestra según Sosa, la dejadez y el caótico control que desde el Ayuntamiento se hace de los procesos de licitación.

 

Esta irregularidad es uno más de los dislates que se están dando en Lorca en las obras de regeneración de Lorca tras los seísmos de 2011, de las que desde Izquierda Unida se ha pedido en reiteradas ocasiones su auditoría, y provocará otro parón en la reconstrucción de San Fernando. “Pasan los meses y los años y los vecinos siguen sin volver a sus casas, mientras que desde el Ayuntamiento solo se hacen vacuas promesas sobre cuándo finalizaran las obras”, ha reconocido Sosa, “mientras que las empresas de fuera se lo siguen llevando crudo”.

 

Por todo ello, Sosa solicita que esta licitación quede en suspenso y se lleve a cabo otra con la máxima celeridad posible en la que se excluya a esta UTE por los fraudes que ha cometido.

 

Para Martín resulta “gravísima” y “demencial” la concesión de licencias a una explotación que, al mismo tiempo y con conocimiento del Ayuntamiento, “incumple las distancias que determina el Plan General por lo que el propio consistorio ordenó su derribo”

09.04.18.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes de Lorca ha denunciado el incumplimiento del Ayuntamiento sobre la orden de demolición que pesa sobre un cebadero, cuyo promotor fue sancionado por la Sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Lorca al incumplir el Plan General en cuanto a la distancia mínima de 500 metros al suelo urbanizable sectorizado de la Hoya. Además, para la realización de la obra, el infractor tampoco aportó  autorización de la Consejería de Agricultura y Agua, según reza la documentación que ha sido facilitada a IU-Verdes.

Por ese motivo, Urbanismo declaró las obras “no susceptibles de legalización” y ordenó su demolición el 20 de mayo de 2014, sin que se haya llevado a cabo casi cuatro años más tarde. El propio Servicio de Intervención Urbanística apreció un “agravante” en la actuación del infractor por “resistencia a las órdenes emanadas de la autoridad, relativas a la defensa de la legalidad urbanística” –una responsabilidad que también se extiende al técnico director de las obras–  ya que se prosiguió con la construcción de la nave a pesar de las órdenes, primero  de paralización,  y luego de demolición.

En la diligencia de notificación al infractor, se le ordenaba que procediera a la demolición de una nave de 360 m2 en un plazo de 30 días, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento “las actuaciones serían ejecutadas por las brigadas municipales o personal contratado a costa del obligado”, de conformidad con la ley, lo que no se ha producido.

Por si fuera poco, el ganadero tampoco realizó en su momento las actuaciones a que le obligaba la legislación en materia de bienestar animal por lo que el Jefe de Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería y Pesca de la CARM propuso la disminución de la capacidad autorizada  a un máximo de nueve cerdas reproductoras, tal y como contempla el Real Decreto 1392/2012.

De forma extemporánea, el infractor solicitó de la Consejería de Agricultura y Agua un informe favorable sobre ampliación de su explotación en relación a una nave de gestación animal de 360m2 (la nave declarada ilegal) con capacidad para 90 plazas reproductoras. La Consejería de Agricultura no encontró “inconveniente” a dicha ampliación y emitió informe favorable sin entrar a valorar el cumplimiento de las distancias mínimas que establece el Plan General, ni las condiciones impuestas por la normativa sectorial aplicable relacionada con el carácter molesto o el riesgo sanitario o medioambiental, ni siquiera el incumplimiento previo de la legislación relativa al bienestar animal.

Por si fuera poco, en julio de 2014, tras una inspección ocular de la consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, se comprueba que en la explotación existen 280 madres reproductoras, lo que incumple flagrantemente lo expuesto por el solicitante de la autorización en el proyecto, según las denuncias de los afectados.

Y, por último, en marzo de 2016, la Teniente de Alcalde delegada de Urbanismo, Saturnina Martínez, concede licencia de actividad y obras al cebadero afectado por una orden de demolición de su propia concejalía, desestimando las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de La Hoya y por seis familias directamente afectadas, amparadas en denuncias del SEPRONA.

Por todo ello, los afectados acusan al Ayuntamiento de Lorca de “priorizar los intereses económicos de este ganadero frente a los derechos de los ciudadanos” y de “no defender la legalidad vigente”, por lo que han tenido que recurrir a la interposición de un recurso contencioso-administrativo que está a la espera de resolución judicial.

Al respecto, Martín ha pedido explicaciones a la concejala de Urbanismo sobre la concesión de una licencia de actividad y obras a una explotación que, al mismo tiempo y con conocimiento del Ayuntamiento, “incumplía el Plan General y tenía decretada una orden de demolición por parte del propio consistorio”.  El Plan General no ha cambiado al respecto y exige que las nuevas ampliaciones de las explotaciones de ganado porcino no queden a menos de 500 metros del suelo urbanizable sectorizado, algo que sigue incumpliendo esta explotación.

 
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